La Ley de Rescate Fiscal le saldrá más cara a los trabajadores de lo esperado. Los recursos de sus aportes que financian los subsidios y servicios de las cajas de compensación familiar están en la mira por la Ley de Rescate Fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella. De hecho, las cajas advierten que la cuota monetaria que reciben millones de empleados podría reducirse desde 2027 y quedar desfinanciada en $500.000 millones, lo que pondría en riesgo los recursos para vivienda, primera infancia y recreación.
Para contexto, ese proyecto de ley plantea conseguir dinero para cubrir las deudas del sistema de salud. Para lograrlo, trasladaría a la Adres uno de los cuatro puntos que los empleadores aportan a las cajas de compensación (el 25%) y usaría los saldos sin ejecutar del FOSFEC, el fondo de protección al cesante.
Aunque el Gobierno busca fortalecer las fuentes de financiación de la salud, la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), abogados laboralistas, representantes sindicales y expertos advierten sobre los posibles efectos en los costos de contratación, la formalización del empleo y los beneficios que reciben millones de afiliados.
Sin $500.000 millones
De entrada hay que dejar claro que el primero efecto sería sobre los trabajadores. Ya que los aportes del 4% pertenecen a los empleados y no a las cajas de compensación. El golpe más inmediato sería sobre los subsidios que prestan estas entidades sin ánimo de lucro.
Según un primer análisis de Asocajas, la iniciativa podría dejar un faltante superior a medio billón de pesos en los recursos destinados a la cuota monetaria durante 2027.
Los más afectados con la desfinanciación son las familias. Se trata de un subsidio que las cajas entregan mensualmente a los afiliados de menores ingresos por sus hijos que estudian. Es uno de los principales beneficios del sistema de compensación familiar.
Por ejemplo, si un trabajador tiene dos hijos que cumplen las condiciones, recibe dos cuotas monetarias mensuales. Si tiene tres hijos en esas circunstancias, puede recibir tres pagos. Incluso, ese subsidio puede entregarse por los padres del trabajador afiliado cuando estos no tienen ingresos y dependen económicamente del afiliado.
Actualmente, este beneficio llega a unas 4,8 millones de personas en Colombia, de acuerdo con Asocajas. Se proyecta que este año, las cajas destinen alrededor de $5 billones anuales para financiar esos subsidios. Esa cifra corresponde a las necesidades actuales del sistema y no es un monto fijo, pues los recursos requeridos aumentan cada año.
La preocupación del gremio se base en que la cuota monetaria representa uno de los servicios básicos con los que nacieron las cajas de compensación familiar y constituye uno de sus principales mecanismos de apoyo económico a los hogares de menores ingresos.
Otro de los rubros que estaría bajo presión es el denominado saldo de obras y programas, una bolsa de recursos que dichas entidades utilizan para construir, mantener y financiar infraestructura social.
De allí salen inversiones para nuevas instalaciones y para el sostenimiento de las que ya existen. Asimismo, se financian subsidios a las tarifas que pagan los afiliados de menores ingresos por acceder a diferentes servicios. Entre ellos están la educación, las entradas a parques recreativos y los cursos que ofrecen las cajas de compensación.
Cano alertó que esta destinación tendría una disminución de recursos, lo que podría poner en riesgo nuevas inversiones, el mantenimiento de las instalaciones y los subsidios que permiten ofrecer tarifas más bajas a los trabajadores afiliados.
Frente a estos posibles efectos, Asocajas solicitó al Gobierno reevaluar la medida contemplada en el artículo 22 y abrir un espacio de diálogo para analizar sus consecuencias sobre el sistema de compensación familiar.
Parques y cursos más caros
Eso no es todo. Una fuente cercana al sistema de compensación familiar considera que la propuesta equivale a una reducción del salario social de los trabajadores que ganan entre 1 y 4 salarios mínimos. En sus cuentas, la medida les quitaría subsidios en dinero, como los destinados a hijos, adultos mayores, desempleo y vivienda, y también reduciría el acceso a servicios ofrecidos actualmente a tarifas subsidiadas.
El impacto se reflejaría en el costo de actividades cotidianas, por ejemplo, señaló que la entrada a un parque recreativo que hoy cuesta $5.000 para un trabajador que gana menos de 2 salarios podría subir a $50.000, mientras que un curso de $30.000 podría llegar a costar $300.000. Con base en estas estimaciones, la fuente calcula que la pérdida de beneficios equivaldría a una reducción promedio del 15% en el salario de los trabajadores que devengan menos de 4 salarios mínimos.
Cajas: un punto a la Adres
Actualmente, los empleadores deben aportar a las cajas de compensación familiar el equivalente al 4% del valor de la nómina de sus trabajadores afiliados. Estos recursos financian programas de bienestar como subsidios de vivienda, recreación, educación, turismo y otros servicios.
Solo para tener una idea del impacto. Comfenalco Antioquia cuenta con 444.989 trabajadores afiliados y una población total de 888.102 cubierta; mientras que Comfama tiene alrededor de 1,5 millones de trabajadores afiliados y 2,7 millones de beneficiados en total.
El artículo 22 de la Ley de Rescate Fiscal plantea que uno de esos cuatro puntos porcentuales que aportan los empleados se destine al aseguramiento obligatorio en salud, administrado por la Adres. En otras palabras, una cuarta parte del aporte que hoy reciben las cajas dejaría de financiar directamente programas de educación, vivienda cultura y esparcimientos, ganados con esfuerzo durante décadas por los trabajadores, y pasaría al sistema de salud. El giro se realizaría directamente a la Adres.
